Enemigos del pueblo, por Juan Manuel de Prada

A medida que se desvelan los latrocinios que gangrenan hasta el tuétano (que constituyen ontológicamente, en realidad) al partido de Estado, el doctor Sánchez y sus mariachis se presentan ante las masas cretinizadas como víctimas de un hostigamiento judicial («lawfare», dicen ellos) por colusión entre los «bulos» de la «ultraderecha» y la saña de «jueces franquistas». No contentos con todos los desmanes y atentados contra la independencia judicial consagrados por el Régimen del 78, el doctor Sánchez y sus mariachis pretenden que los jueces se abstengan de perseguir el delito, cuando delinque quien gobierna, para instaurar la plena irresponsabilidad en el ejercicio del poder propia de los regímenes absolutistas más despepitados. Y para instaurar esa plena irresponsabilidad que les permita delinquir a mansalva cuentan con una prensa apesebrada que se encarga de propalar la especie del hostigamiento judicial, para amedrentar a los pocos jueces independientes que todavía resisten heroicamente.

Entretanto, asistimos a la silenciosa conversión del Régimen del 78 en un régimen absolutista solapado, sin que apenas nadie se percate. Entre los abundantes, casi incontables, signos de esta conversión silenciosa me gustaría referirme hoy a una aberración jurídica que se está tramando en estos días, ante la completa indiferencia (o plácida complicidad) del periodismo apesebrado. Recientemente, la Fiscalía Provincial de Madrid, desde su área de ‘delitos de odio’, ha formulado unas acusaciones dementes contra varios jóvenes que participaron en las protestas de la calle Ferraz donde los policías –convertidos en repugnantes ‘esclavos de uniforme’– rociaron con gases lacrimógenos y tundieron las costillas a una multitud entre la que se contaban niños y ancianos indefensos. Resulta que esta Fiscalía Provincial madrileña, no contenta con acusar de desórdenes públicos a un puñado de jóvenes participantes en aquellas protestas (todos ellos, por cierto, sin antecedentes penales ni policiales), los acusa también de actuar movidos por el odio; y añade en su acusación una agravante de «discriminación ideológica», considerando que protestar contra medidas gubernativas tan discutibles como la concesión de una amnistía es una variante del ‘delito de odio’.

Ya sabíamos que el Ministerio Público está al servicio del doctor Sánchez, pues él mismo nos lo explicó sin tapujos; pero sobrecoge que haya fiscales tan lacayos como los que han formulado esta acusación. Los llamados ‘delitos del odio’ siempre nos han parecido muy discutibles, pues castigan motivaciones internas y casi siempre indemostrables (que deberían ser irrelevantes, por detestables que se nos antojen), en lugar de castigar hechos materiales punibles, como hace un derecho penal digno de tal nombre. Pero, en todo caso, la calificación de ‘delito de odio’, como ha señalado reiterada jurisprudencia, sólo se refiere a actos criminales que incitan a la discriminación de personas o grupos sociales especialmente vulnerables que merecen una protección especialísima, por hallarse en una posición de debilidad. Así pues, hemos de concluir que la Fiscalía Provincial de Madrid considera que los miembros del Gobierno son un grupo social discriminado y especialmente vulnerable que se halla en una posición de debilidad frente a esos manifestantes gaseados y vapuleados que protestaban contra su actuación. Es una aberración jurídica de tal magnitud que la razón la repudia instantáneamente; y que sólo puede admitir una perversión de la conciencia que invierta completamente las categorías (convirtiendo a los gobernantes en ‘minoría vulnerable’ y ‘discriminada’ y al pueblo inerme que protesta mientras le rocían de gases lacrimógenos y le tunden las costillas en horda de discriminadores). Inevitablemente, hemos recordado aquel chiste sarcástico y cruel que contaba Gila: «La otra noche salía yo del cine con mi mujer. Había tres individuos como tres armarios pegándole una paliza a un pequeñajo. Le digo a mi mujer: ‘¿Qué hago? ¿Me meto? ¿No me meto?’. Al final me metí. ¡Cómo lo dejamos entre los cuatro!».

Esa malhadada Fiscalía Provincial de Madrid que convierte en ‘delito de odio’ determinadas protestas populares está resucitando el llamado ‘derecho penal de autor’ promovido en tiempos oscuros por la Escuela de Kiel, que clasifica los delitos no según el hecho antijurídico concreto, sino según el tipo de persona que lo comete. Esa malhadada Fiscalía Provincial de Madrid, mirándose en el espejo de las fiscalías de los regímenes totalitarios, considera que los jóvenes participantes en manifestaciones contra el Gobierno deben ser estigmatizadas por sus posiciones ideológicas; y, como tal estigmatización es inaceptable e incompatible con los principios de legalidad y seguridad jurídica, tuerce y retuerce impúdicamente las leyes hasta aplicarlas según la conveniencia del tirano al que sirve.

Desde luego, hay que ser unos lacayos de la peor ralea para promover tal contradiós jurídico. Pero es propio de un régimen absolutista que las personas que encarnan las instituciones públicas se dediquen a ‘esclavizar las leyes’ hasta dejarlas irreconocibles, convirtiéndose –en palabras de Platón– en «el mayor enemigo de la polis». Esto son los fiscales lacayos del doctor Sánchez: enemigos de la polis, enemigos del pueblo, contra el que ejercitan las más rocambolescas añagazas jurídicas, para castigar toda forma de disidencia, hasta la más venial, a la vez que emplean los métodos más sórdidos y chanchulleros para blindar al tirano de sus entretelas.

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