Pedro Sánchez ha visitado China por cuarta vez, erigiéndose en el dirigente occidental que más ocasiones ha viajado a ese país en los últimos años. En teoría, el objetivo es mejorar las relaciones económicas. En la práctica, la realidad desmiente una y otra vez el relato oficial: año tras año, la balanza comercial se vuelve cada vez más desfavorable para España, hasta convertir a China en nuestro principal déficit exterior.
La inversión china tampoco parece ofrecer la respuesta esperada. O bien intenta penetrar en infraestructuras estratégicas, o bien, cuando finalmente se materializa, apenas genera unos pocos puestos de trabajo, sin transferencia tecnológica relevante ni creación de tejido industrial de valor. Entonces, ¿qué explica esta insistencia?
La respuesta debe buscarse en el último encuentro entre ambos dirigentes. Durante la reunión oficial celebrada el 14 de abril de 2026 en Pekín, Xi Jinping afirmó ante Pedro Sánchez que ambos estaban “en el lado correcto de la historia” frente a la “ley de la selva”. Sánchez, por su parte, respondió apelando al refuerzo del sistema multilateral y lamentando igualmente el deterioro del derecho internacional.
Resulta revelador que ambos se consideren unidos por estar en el mismo lado, cuando el régimen chino constituye una de las dictaduras más duras de la historia por su capacidad de opresión, encarcelamiento, castigo y control integral de la sociedad.
China figura de manera sistemática entre los peores países del mundo en derechos humanos, Estado de derecho, libertad religiosa, libertad de expresión y democracia, según los principales indicadores internacionales. Freedom House le otorga 9 sobre 100 puntos, clasificándola como “no libre”, con una puntuación de -2 en derechos políticos y 11 sobre 60 en libertades civiles, reflejo de una represión sistemática.
Amnistía Internacional denuncia detenciones masivas de defensores de derechos humanos y restricciones extremas a la libertad de expresión. El poder judicial carece de independencia real y está subordinado al Partido Comunista Chino, configurando no un Estado de derecho, sino un Estado al servicio del derecho, donde la ley no limita al poder, sino que lo instrumentaliza.
En materia religiosa, China es un Estado oficialmente ateo que aplica una política de “sinización” destinada al control absoluto de la conciencia. Solo reconoce cinco religiones y únicamente bajo estructuras sometidas al Partido. Todo lo que queda fuera de las llamadas “iglesias patrióticas” es objeto de persecución, encarcelamiento y disolución.
La libertad de expresión existe únicamente en la letra constitucional. Las leyes sobre “subversión”, la censura en internet y la ausencia de prensa libre convierten cualquier crítica en un riesgo penal. Reporteros Sin Fronteras denuncia desde hace años violaciones masivas y sistemáticas.
Y la represión no se limita al territorio continental.
En el Tíbet, desde la invasión de 1949-1950, China ha causado la muerte de hasta 1,2 millones de tibetanos y ha destruido más de 6.000 monasterios. A ello se suma la persistente vigilancia masiva, el reconocimiento facial, las detenciones arbitrarias y una política explícita de erradicación cultural.
En Xinjiang, Xi Jinping impulsó desde 2014 una campaña de hipervigilancia que ha llevado a la detención de más de un millón de uigures en campos de “reeducación”, con denuncias de torturas, esterilizaciones forzadas y autorizaciones para disparar contra fugitivos, hechos que numerosos informes internacionales califican como crímenes de lesa humanidad.
En Hong Kong, China ha liquidado el pacto de “un país, dos sistemas” mediante la Ley de Seguridad Nacional de 2020 y el artículo 23 aprobado en 2025, encarcelando a miles de activistas —entre ellos 45 líderes prodemocracia condenados en 2024—, prohibiendo protestas y extendiendo incluso la represión extraterritorial.
Pero nada de esto parece importar a Sánchez.
En sus cuatro viajes jamás ha existido la más leve alusión a los derechos humanos, algo que sin duda satisface a Xi Jinping. Y su tan proclamada sensibilidad por el derecho internacional le lleva a ignorar la realidad de la dictadura china, del mismo modo que anteriormente hizo con Venezuela y Cuba.
Por eso, afirmar que Sánchez y Xi están en el mismo lado de la historia solo puede significar una cosa: que, para ambos, la legitimidad del poder no se mide por la libertad, sino por la capacidad de imponer un relato y sofocar la disidencia.
Y aquí emerge la gran contradicción moral.
La lógica reacción favorable de Sánchez hacia el Papa —asumiendo su autoridad moral frente a los ataques de Donald Trump— debería llevarle a extender ese mismo reconocimiento a los restantes principios morales que la Iglesia ha formulado: el aborto, que pretende ampliar aún más; la eutanasia, que impulsa; y el adoctrinamiento en la escuela pública bajo control ideológico, como ocurre en Cataluña con el controvertido programa Coeduca’t.
Pero no es así.
La Iglesia recibe reconocimiento mientras permanece como figura ornamental. Deja de recibirlo cuando se convierte en defensora del orden moral universal, el mismo que establece la primacía de la paz, de la dignidad humana y de los límites éticos al poder político.
Sánchez no asume, como Xi, que exista una instancia moral no sometida ni a las urnas, ni a la hegemonía militar, ni al cálculo electoral, capaz de juzgar la legitimidad del poder.
Por eso, y como en La guerra de las galaxias, Sánchez y Xi se encuentran en el mismo lado: el de la fuerza oscura.
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