El primer ministro español, Pedro Sánchez, acaba de declarar la guerra al internet abierto. Bajo el pretexto de la "seguridad" y la "responsabilidad", su gobierno está lanzando un ataque a gran escala contra la libertad de expresión, específicamente contra las plataformas que se niegan a doblegarse ante las narrativas aprobadas por el Estado.

En un golpe directo a la "libertad de acceso", España ahora penalizará la amplificación de contenido que el Estado considere "ilegal". Esto otorga al gobierno la facultad de dictar cómo se desarrolla el software. Si un algoritmo muestra una verdad que perjudica al partido gobernante, constituye un "delito penal".

Con el pretexto de "proteger a la infancia", España prohíbe el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y exige "barreras reales" para la verificación de edad. Esto constituye un enorme caballo de Troya para la Identificación Digital Nacional. Para "salvar a la infancia", Sánchez exige en la práctica que todos los ciudadanos españoles entreguen sus datos biométricos o legales privados solo para ver las noticias.

También se ha comprometido a responsabilizar legalmente a ejecutivos de plataformas como Elon Musk por lo que publican los usuarios, lo que, en la práctica, pone en peligro la libertad personal de los líderes tecnológicos. Es un intento transparente de obligar a Silicon Valley (y a Austin) a instalar interruptores de seguridad para cualquier contenido que no le guste al gobierno español.

Sánchez se quitó la máscara al final, nombrando específicamente a Grok, la única IA comprometida con la verdad sin adornos, junto con TikTok e Instagram para la investigación.