La islamización de occidente, por Elena Ramallo

En este artículo explicamos qué es la islamización y qué consecuencias conlleva para la civilización occidental y, más concretamente, para Europa. Este término no remite a la convivencia respetuosa con personas de religión musulmana, sino al integrismo y la aplicación de la sharía.

En las últimas décadas, Europa ha sido testigo de un fenómeno progresivo que amenaza las estructuras fundamentales de nuestras democracias liberales: la islamización. Se trata de un proceso mediante el cual normas, valores, prácticas y estructuras jurídicas derivadas del islam político—especialmente interpretaciones integristas de la sharía—son introducidas, normalizadas o toleradas dentro de sociedades democráticas. El resultado es un cambio sustancial en el marco normativo y en los principios fundamentales que sustentan los Estados de Derecho occidentales. Detectar este fenómeno expansivo no es fácil, porque lo trabajan desde dentro de las instituciones con una «marca blanca y relato amigable», mientras mantienen en secreto o con sobornos en especie la «marca opresiva y radical».

Desde una perspectiva jurídica, la islamización supone una colisión normativa entre el ordenamiento constitucional democrático (fundado en derechos universales, laicidad, igualdad ante la ley y separación de poderes) y estructuras teocráticas que subordinan la ley civil a preceptos religiosos. Su consolidación erosiona la seguridad jurídica, debilita el principio de legalidad y relativiza la aplicación uniforme de los derechos fundamentales, particularmente en contextos de alta vulnerabilidad como el de mujeres y menores.

La islamización supone una transformación silenciosa que desborda el ámbito religioso para erigirse en un modelo alternativo de organización social, política y legal. En los lugares donde arraiga, erosiona la laicidad estatal, socava la igualdad de género, introduce códigos paralelos de justicia y relativiza derechos universales bajo la bandera del multiculturalismo. Este proceso suele comenzar con demandas simbólicas —uso del hiyab en espacios públicos, menús halal en escuelas, segregación por sexo en actividades— y avanza hacia la creación de enclaves jurídicos y culturales donde el Estado democrático pierde soberanía.

Numerosos países europeos ofrecen ejemplos de este fenómeno. En Francia, la negativa de algunas adolescentes musulmanas a descubrirse en clase ha llevado a conflictos y agresiones que desafían la laicidad escolar; en Bélgica, se han detectado redes de imposición del salafismo en barrios enteros, donde la mujer queda relegada al ámbito doméstico. En Alemania y Suecia, las denuncias de tribunales paralelos basados en la sharía o los “consejos de ancianos” que resuelven litigios al margen del derecho estatal son una realidad documentada. Reino Unido llegó incluso a reconocer ciertos efectos legales a decisiones de tribunales islámicos en el ámbito familiar, hasta que las denuncias de discriminación contra mujeres obligaron a revisar su legitimidad.

En relación con las sociedades occidentales, la percepción que ciertos sectores del islamismo radical tienen de las mujeres como “infieles” e “impuras”, unida a su concepción de la mujer como ser inferior al hombre y objeto de su pertenencia, ha servido de justificación cultural para legitimar agresiones, abusos sexuales y violaciones. Esta cosmovisión, radicalmente opuesta a los valores igualitarios y humanistas que sustentan nuestras democracias, ha convertido a numerosas mujeres en víctimas directas de una cultura que entra en conflicto con los principios fundamentales de dignidad, igualdad y libertad.

España, hasta ahora menos afectada, no es inmune. Las comunidades autónomas con mayor población musulmana han registrado un aumento en las peticiones para que se impartan contenidos islámicos en escuelas, sin supervisión doctrinal. Existen casos de menores obligadas a usar el velo desde la infancia, lo que vulnera los artículos 1, 3, 4 y 23 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que garantizan dignidad, integridad personal, protección contra tratos degradantes e igualdad entre mujeres y hombres.

En el ámbito legislativo nacional, Constitución, se infringen artículos constitucionales como el art. 14 CE (igualdad y no discriminación), art. 10 CE (dignidad humana) y el ineludible derecho a la libertad. Este derecho, a la libertad personal se encuentra protegido por diversos artículos de la Constitución Española. El artículo 17 CE establece que «toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad» y que «nadie puede ser privado de su libertad”

Lo expuesto, no se trata de excepciones: son síntomas de un fenómeno que pone a prueba nuestra capacidad para defender los valores constitucionales frente al relativismo cultural.

Los peligros que la islamización plantea para España son múltiples: debilitamiento del Estado de Derecho, erosión del principio de igualdad, legitimación de estructuras patriarcales y, lo que es más grave, la generación de guetos culturales donde el islam radical sustituye al ordenamiento jurídico democrático. Esto no solo pone en riesgo a las mujeres y menores —víctimas preferentes de estas estructuras—, sino al conjunto de nuestra ciudadanía.

Por todo ello, urge una respuesta normativa y política clara y decidida. Es necesario regular el uso de símbolos religiosos en menores, garantizar que toda enseñanza religiosa esté sometida a control pedagógico, y evitar la financiación extranjera de mezquitas con vínculos ideológicos radicales. Como jurista comprometida con los derechos humanos, defiendo que la tolerancia no puede convertirse en una coartada para la regresión. No se trata de combatir la fe, sino de proteger el marco de convivencia que hace posible la libertad.

La islamización no es una amenaza abstracta, sino un desafío concreto a nuestros derechos, leyes y modo de vida. Si no actuamos con contundencia hoy, mañana será demasiado tarde.

https://iniciativa2028.es/islamizacion-de-occidente-peligros-y-una-advertencia-para-la-democracia-espanola/