Treinta mil ancianos ejecutados por los protocolos de la muerte

30 mil ancianos fallecidos en el interior de los geriátricos españoles durante el transcurso de la denominada como primera ola de la pandemia del coronavirus. 30 mil ancianos que, según la versión oficial –difundida por políticos y principales medios de comunicación-, murieron por causa de la COVID-19. Una cifra que equivalía al 69,1% del total de fallecidos notificado oficialmente por el Ministerio de Sanidad durante la denominada como “primera ola de la pandemia del coronavirus”.

Cifra que pudo ser mucho menor si estos ancianos hubiesen sido derivados a hospitales donde sí se disponía de camas vacías y hubiesen recibido la asistencia adecuada, en lugar de ser abandonados en unas circunstancias indignas e inhumanas.

En muchas de las residencias donde supuestamente entró la COVID, estos ancianos recibieron, efectivamente, un trato inhumano. Muchos ancianos fueron encerrados en sus habitaciones, amén de aislados de sus familiares y amigos. A muchos de ellos se los encontraría, como por ejemplo fue el caso de una residencia intervenida en Burón, atados a sus camas y con llagas. En otras residencias se encontraría a ancianos deshidratados y totalmente desatendidos o abandonados. 

El trato al que estos ancianos fueron sometidos, no solo fue el resultado de los protocolos de actuación que fueron enviados a las residencias desde las altas esferas sanitarias y gubernamentales del país, sino, también, pocas dudas caben ya a este respecto, debido al miedo que fue inoculado por políticos y medios de comunicación en los trabajadores de estas residencias; llegando, algunos de estos últimos, incluso a abandonar a los residentes junto a cadáveres de sus ya excompañeros de habitación/asilo

Todo esto es totalmente cierto y así ha sido documentado tanto por medios de comunicación como por Amnistía Internacional y Médicos Sin Fronteras. Pero lo que todavía no ha sido denunciado por ninguno de estos medios, es aquella parte de los protocolos de actuación en las residencias de mayores que ocasionó la mayor cantidad de muertes en las mismas: la que concernía a la administración de Morfina y Midazolam y sedación paliativa.

Tal y como veremos y documentaremos a continuación, la administración de Morfina y Midazolam, solo podía tener como resultado el agravar la insuficiencia respiratoria de los presuntos pacientes COVID e inducirlos a la muerte.

Como puede leerse en las páginas 26-28 del documento “Protocolo de actuación en residencias de mayores de la comunidad de Madrid durante el periodo epidémico ocasionado por el COVID19”, se recomendaba tanto la administración tanto de Morfina como de Midazolam a dos tipos de pacientes.  A aquellos que padeciesen insuficiencia respiratoria moderada y además sufriesen de un deterioro cognitivo/funcional severo o grave, y a aquellos otros que, independientemente de su deterioro cognitivo/funcional, padeciesen insuficiencia respiratoria grave.

Básicamente, si estos pacientes no mejoraban, serían sometidos al protocolo de sedación paliativa.

bien las declaraciones (minuto 16) de Cinta Pascual –directora del Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAPS)- en el congreso de los diputados, invitan a pensar que en muchas residencias estos protocolos se aplicaron de un modo mucho más arbitrario. Cito sus palabras textualmente: “Una imagen que yo no borraré en la vida de mi memoria, es ver a un médico entrar en una residencia y decir: mórfico, mórfico, mórfico (refiriéndose a tres residentes). Aquel día convocamos una junta directiva y avisamos que estábamos solos. Esto no podía ser; que esto sería un drama. Porque si cada vez que venían se colocaba mórfico, ustedes ya saben qué es esto ¿No? Dos, tres días y… Éxitus (muerte del residente).

En el Anexo 3 –página 23- de los protocolos, especifican cómo debe procederse para realizar la sedación paliativa para los pacientes COVID en las residencias.

La sedación paliativa consiste en la administración de fármacos sedantes en las dosis y combinaciones requeridas para provocar la disminución deliberada del nivel de conciencia en pacientes que presenten sintomatología refractaria y sufrimiento intolerable y se encuentren en fase de últimas horas /días de vida.

Es decir, el objetivo de la sedación paliativa es el de ayudar a morir al paciente de forma indolora y no consciente.

La sedación paliativa se aplicaba a aquellos pacientes en residencias con síndrome de distress respiratorio agudo sin respuesta al tratamiento específico, sin criterios de UCI y que presentan sintomatología refractaria y sufrimiento intolerable y muy corta expectativa de vida.

Pero la derivación a hospitales y por tanto a UCI se encontraba prácticamente prohibida para este tipo de pacientes. Por tanto solo queda preguntarse si la medicación administrada les ayudaría a responder al tratamiento y a no carecer de corta expectativa de vida para, de esta forma, evitar su sedación paliativa y postrera muerte.

Entiendo que estaremos todos de acuerdo con que, solo a un verdadero demente, se le ocurriría apagar un incendio con gasolina. ¿Cierto?

Pues esto es precisamente lo que ocurrió, al administrar Morfina y Midazolam a aquellos pacientes que sufrían insuficiencia respiratoria. No en vano estos “medicamentos” deben de ser administrados con mucho cuidado o están directamente contraindicados en pacientes que sufran prácticamente cualquier tipo de insuficiencia respiratoria.

Entre las contraindicaciones de la Morfina, encontramos la de aquellos pacientes que sufren depresión respiratoria o enfermedad respiratoria obstructiva grave.

Para quien todavía no lo sepa, aclarar que el virus Sars-Cov2 es el presunto causante de un síndrome respiratorio agudo severo.

En el prospecto del Midozalam, se advierte que debe tenerse mucho cuidado a la hora de administrarlo a personas mayores de 60 años –es decir, al 99% de los residentes en geriátricos-;  más aun si padecen de insuficiencia respiratoria crónica. Incluso se especifica que NO DEBE ADMINISTRARSE en sedación consciente si el paciente tiene insuficiencia respiratoria grave o depresión respiratoria aguda. Y que nunca debe utilizarse si no se dispone de equipos de reanimación adecuados para cada tipo de paciente, ya que puede disminuir las contracciones del corazón y producir paradas respiratorias.

chistoso que a toro pasado pueda resultar, que se aplicasen.

Lo que no puedo afirmar con rotundidad es que fuese Carlos Mur quién firmase el documento de los protocolos específicos que he mostrado en este artículo, ya que éste no está firmado por nadie, al igual que otros que he encontrado en los que también se recomienda la suministración de Midazolam.

El Doctor Javier Martinez Peromingo también parece tener su cuota de responsabilidad al respecto. Cuando se le dijo que la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso negó que existiese colapso hospitalario, el argumentó que a él si se lo había parecido como razón para no derivar a los ancianos de las residencias a hospitales. Curiosamente, Javier Martinez fue nombrado Director general de Coordinación Socio-Sanitaria de la Consejería de Sanidad en detrimento del Carlos Mur, que fue destituido, el 14 de mayo del 2020. 

En el parlamento español se pidieron explicaciones por lo sucedido en las residencias de ancianos durante esta presunta “primera ola de la pandemia”. Inicialmente fue VOX el que propuso una comisión de investigación al respecto. Pero la izquierda parlamentaria votó en contra y la investigación fue aplazada. Tan solo unos meses después, fue la izquierda la que votó a favor. Entonces fue la derecha –incluyendo a VOX-, la que frenó esta comisión de investigación que todavía a día de hoy no se ha realizado.

Semejante nueva pantomima parlamentaria bipartidista solo puede reflejar una terrible verdad: todos los integrantes del parlamento son responsables del gerontocidio.

Tras ellos, los médicos, sanitarios y responsables de las residencias de ancianos que aplicaron estos protocolos asesinos.

Al final de la cola, quienes pese a no apretar el gatillo, guardaron y todavía hoy guardan silencio.

Somos muchos quienes esperamos justicia y estamos a la espera de que los jueces de éste y de muchos otros países cumplan con su deber: juzgar a los presuntos asesinos y, de ser declarados culpables, encarcelarlos.

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